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Visas humanitarias o la migración que nadie quiere hacer

  • Foto del escritor: Somos MX
    Somos MX
  • 13 may 2019
  • 4 Min. de lectura

Por Alfonso Barranco (@AlfonsoPLG)

De acuerdo a la información oficial que brinda la página web del gobierno de México, una visa humanitaria está dirigida a “un extranjero víctima de catástrofe natural o violencia, cuya vida o integridad se encuentre en peligro o bien, que ingrese a realizar acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia en el país, o atender a un familiar por encontrarse en estado grave de salud”. Esta definición resultó suficiente para que en enero del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, impulsara una campaña de otorgamiento de documentos oficiales a los miembros de las caravanas migrantes provenientes principalmente de Centroamérica, amparando así su estadía de forma legal en el país por un periodo de un año, con libre tránsito en todo el territorio nacional y con la posibilidad de realizar un trabajo remunerado.


Esta campaña surgió como una alternativa de solución para aliviar las tensiones fronterizas, provocadas por la detención por parte de las autoridades mexicanas a las crecientes olas de migrantes que buscaban atravesar nuestro país, quienes alegaban violaciones a sus derechos humanos y exigían al gobierno mexicano protección, e inclusive, medios de transporte para cumplir su objetivo de llegar a la frontera norte y cruzar a los Estados Unidos.


Sin embargo, lo que en un inicio se tomó como una solución plausible, más adelante resultó contraproducente para los 3 elementos involucrados: los migrantes, el gobierno y la población mexicana. Las visas humanitarias, que comenzaron siendo entregadas en lapsos no mayores a 6 días y con la mínima documentación como requisito, terminaron por convertirse en una especie de “salvoconducto” para los migrantes, quienes aprovecharon dichas facilidades para aumentar el flujo de personas interesadas en cruzar de forma ilegal la frontera sur de México e intentar llegar a los Estados Unidos.


Este mal uso que se dio a las visas humanitarias, no sólo afectaba a las propias capacidades burocráticas del gobierno federal, sino que incluso se volvió un problema que afectaba a los propios migrantes, ya que distintos grupos criminales e individuos conocidos comúnmente como “polleros”, es decir, traficantes de personas, comenzaron a ofrecer a los migrantes visas humanitarias falsas, con las cuales prometían que podrían ahorrarse los trámites gubernamentales y asegurar su libre tránsito por el país, hasta llegar a la frontera norte, donde ya se contaba con todo lo necesario para asistirlos en el cruce fronterizo ilegal a tierras estadounidenses para solicitar ahí, un asilo permanente.


A raíz de esto, y de la mano de las constantes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la supuesta inoperabilidad de la política migratoria mexicana, además de las constantes “amenazas” comerciales y fronterizas que ha twiteado en contra de México, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 22 de abril anunció que el procedimiento para la obtención de visas humanitarias se habría actualizado, para ser más rigurosos en los procesos de selección y revisión de la documentación requerida para obtener dicho documento de acuerdo a los más altos estándares internacionales, por lo que la cantidad de visas emitidas disminuiría sustancialmente, como si pareciera que el Ejecutivo Federal y su equipo no hubieran deslumbrado que el otorgamiento de este documento sin mayor información, acarrearía consigo dichas consecuencias enunciadas anteriormente.


Con esta medida, se pretende continuar brindado asistencia a los migrantes centroamericanos, pero abre un importante punto de análisis para conocer las condiciones en que una asistencia humanitaria es requerida, delimitando conscientemente las responsabilidades y margen de acción real de todas las partes involucradas, en miras de obtener una solución propositiva, eficaz y duradera.


A nadie le gustaría sufrir en su propio país una situación tal, que resulte imperante la necesidad de huir de él y buscar refugio en uno diferente, a nadie le gustaría atravesar por tales hechos de peligro y violencia dónde las alternativas sean tan limitadas y desesperantes que se deba llegar al extremo de dejar todo atrás y empezar de nuevo, a nadie. Pero cuando estas circunstancias son inevitables, nada resulta más reconfortante que saber que en el país vecino más cercano, existe la posibilidad de ser acogido con los mínimos requerimientos y contar con la oportunidad para regularizar la estadía de forma libre con posibilidad de encontrar un trabajo y futuro más próspero.


Sin embargo, encontrar un destino prometedor y seguro, auxiliarse de los apoyos gubernamentales y buscar oportunidades de desarrollo y prosperidad que no se hallan en el país de origen, ¿es realmente el objetivo de las caravanas migrantes? o como diversas voces lo han declarado, ¿para los migrantes centroamericanos nuestro país no es considerado como un destino, sino como mero tránsito y la documentación brindada por el gobierno su salvoconducto?


Cualquiera que fuere el caso, vale la pena no perder de vista: las razones internas de los Estados de los que provienen las caravanas migrantes y atender sus causas; la respuesta de las autoridades gubernamentales de los países que las reciben, haciendo una revisión del respeto a los derechos humanos de las personas, pero también sin perder de vista el respeto a la soberanía nacional, y finalmente; conocer la aprobación de tales medidas por parte de la población como sociedad civil, ya que finalmente, una política migratoria, en todo caso, debe responder a una política pública que debería ser avalada por la sociedad que eligió al gobierno que la aplica.


Fuentes:

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