Hablemos sobre el aborto

Por Diana Flores (@Dianilla95)

"Las mujeres que decidan abortar lo seguirán haciendo, arriesgaran su vida porque como Estado no les dimos una respuesta"

JOSÉ OJEDA, SENADOR POR LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, Argentina[1]

Antes que nada, es claro que este tema es extremadamente sensible. Fuera de las convicciones personales que cada uno tenga, mi intención con este artículo es tratarlo principalmente como un tema de salud pública.

En Argentina, hace casi un año atrás, la “marea verde” ganaba las calles del país sudamericano, buscando impulsar un cambio del Código Penal para poder practicar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Esta situación finalizó con el rechazo al cambio jurídico por parte de la Cámara de Senadores con 38 votos en contra versus 31 a favor[2]; pero claramente dejó un eco en el continente.

Primero que nada, debemos preguntarnos qué implica el concepto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Dentro del artículo “Consideraciones acerca de la “interrupción voluntaria del embarazo”, desde el punto de vista ético-médico (a propósito de un proyecto de ley [en Chile])” [3] encontramos como definición que:

Por interrupción se entiende en castellano la detención momentánea o definitiva de un proceso [de embarazo], antes de su término.

Por parte del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia (por sus siglas en inglés ACOG[4]) hace referencia a una “intervención médica para terminar con un embarazo, en donde no se obtiene un nacimiento como resultado”.

Es importante no confundir: el aborto espontáneo, implica una pérdida del embarazo antes de la semana 20 sin causa aparente; el aborto inducido, del cual estamos hablando en este artículo, se puede dar por intervención médica bajo diversos casos, por ejemplo, cuando se considere que la vida de la madre se encuentre en peligro o bajo una “situación de riesgo” con afectaciones futuras; por una violación sexual, incesto o por una inseminación artificial no aprobada; por una malformación incompatible con la vida del producto; entre otros casos, en donde múltiples problemas físicos y/o psicológicos, socioculturales, y socioeconómicos pueden entrar en juego.

Siguiendo datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dentro de los Censos y Conteos de Población y Vivienda (2015) y las estadísticas de Natalidad (2015), observamos los siguientes datos: En nuestro país, en el año 2015, contábamos con una población de más 119 mil millones de personas con un 48.6% masculina y el 51.4% femenina. Dentro de ese 51.4%, encontramos a un gran número de mujeres en edad reproductiva (es decir, de los 15 a los 49 años grosso modo) que necesitan indudablemente una atención y una educación con respecto a su salud sexual adecuada, además de que, en algún momento de su vida reproductiva pueden llegar a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo.

Por otra parte, dentro de los 2, 353, 596 millones de nacimientos registrados en ese mismo año, el 18.2% de esos nacimientos fueron de madres adolescentes (es decir, menores a los 20 años), dentro de los cuales, gran parte de estos nacimientos fueron no planeados. La prevención de los embarazos adolescentes inicia a través de una educación sexual temprana, además de que se necesita un entorno sociocultural seguro que permita hablar de la sexualidad como algo natural, y no como un tabú. Al no darse estas dos características, podemos caer en una recurrencia por parte de la población adolescente a la IVE, que puede general grandes traumas en su persona y en aquellas personas que los rodean.

Sea cual sea la razón por la que una mujer decide someterse al proceso quirúrgico en cuestión, la realidad es que el proceso debe ser una preocupación prioritaria para nuestros sistemas de salud, en donde la respuesta debe ser multidisciplinaria e integral al incluir: Psicólogos que acompañen el proceso (antes, durante y posterior) de la interrupción; sociólogos que puedan facilitar el acompañamiento de la persona en cuestión dentro de su medio ambiente; gineco-obstetras y personal médico que permitan una planificación familiar completa; y un educador sexual, que pueda apoyar dentro del contexto de la sexualidad, principalmente a población joven.

[1] El País. “Esta ola verde no la va a parar nadie” publicado en El País el 9 de agosto de 2018. URL: http://bit.ly/30mTE1i

[2] Centeras, Mar; Rivas Molina, Federico. “El Senado de Argentina dice ‘no’ al aborto y deja al país con una ley de 1921” publicado en El País el 9 de agosto de 2018. URL: http://bit.ly/2XQ0heV

[3]Echeverría B, Carlos, Serani M, Alejandro, Arriagada U, Ana María, Goic G, Alejandro, Herrera C, Carolina, Quintana V, Carlos, Rojas O, Alberto, Ruiz-Esquide, Gonzalo, Salinas R, Rodrigo, Taboada R, Paulina, & Vacarezza Y, Ricardo. (2015). Consideraciones acerca de la “interrupción voluntaria del embarazo”, desde el punto de vista ético-médico (a propósito de un proyecto de ley). Revista médica de Chile, 143(11), 1478-1483. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872015001100014

[4] The American College of Obstetricians and Gynecologist. Abortion: Resource Overview. S.f. URL: http://bit.ly/2FZ7C1y