La agenda ambiental

Por José Manzano (@Manzaano)

La preocupación por el cuidado del medio ambiente ha marcado un antes y un después en los temas de la agenda internacional. Si bien la primera vez que se discutieron estas cuestiones fue durante la Cumbre de Estocolmo en 1972, el tema se retomó hasta finales de los años 80, para adquirir mayor relevancia con la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro y la creación de las COP a partir de 1995.

En un principio, poco a poco la agenda medioambiental incursionó en programas de gobierno alrededor del mundo comúnmente ligados al progresismo. Sin embargo, conforme la comunidad científica ha ido comprobando la gravedad del asunto, la agenda medioambiental ha trascendido de las agendas partidistas a convertirse en agenda de Estado en múltiples países.

Sin embargo, a pesar de la presencia de estos temas en la agenda internacional, la praxis muestra una realidad diferente. Los países que producen mayores efectos nocivos en el ambiente como Estados Unidos y China no se han mostrado lo suficientemente comprometidos como para impactar positivamente en revertir los efectos que la emisión de gases de efecto invernadero ha ocasionado en el planeta.

En México, el compromiso por la agenda medioambiental ha tenido aciertos y errores. La agenda medioambiental, que aparecería a finales del siglo XX en nuestro país, nunca ha sido un tema fundamental para los gobiernos mexicanos debido a múltiples razones.

Hoy no es la excepción. Por un lado, podría ser justificable la menor importancia de este tema frente a problemas de mayor urgencia tales como la violencia y la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, la estabilidad macroeconómica, el empleo, etc; por otro lado, se puede explicar debido a una noción que existe entre los países en vías de desarrollo, que es el tema de responsabilidad diferenciada. Este último, hace referencia a que es necesaria una diferenciación entre una responsabilidad común por parte de la comunidad internacional, debido a una diferenciación de sus capacidades.

Desde esta visión, los países en vías de desarrollo han argumentado que es injusto e inviable que se solicite la misma responsabilidad en temas como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la despetrolización y descarbonización de sus economías a países en vías de desarrollo que a los países más desarrollados que hoy por hoy enfrentan problemas en una mucho menor media.

Más allá de si en México se sostiene esta visión, lo cierto es que México ha suscrito y participado en múltiples mecanismo existe para combatir diversos fenómenos que afectan al medio ambiente, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y de manera más reciente, el Tratado de París.

Además de haber suscrito tratados y protocolos sobre temas ambientales, en 2012 llega la Ley General de Cambio Climático, la cual sería reformada en 2018 para adherir diversas disposiciones sobre la Agenda 2030 y el Tratado de París. Dicha ley, tiene como objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno para la aplicación de políticas públicas de adaptación al cambio climático.

La ley también contiene las metas aspiracionales para México en materia de combate al cambio climático, tales como la reducción del 20% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 y 50% para 2050, así como garantizar el incremento del porcentaje de generación eléctrica proveniente de energías limpias a 35% en 2024.

A pesar de estas metas aspiracionales, durante el gobierno de EPN no hubo avances sustanciales y, resulta preocupante que el nuevo gobierno, luego de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, mencione solo una vez el concepto “medio ambiente” en el PND corto y que la agenda para el desarrollo sostenible solo un poco más de la mitad de la hoja.

En lo particular, considero que la agenda ambiental debe acompañar a cada uno de los programas de gobierno, puesto que existe ya un reconocimiento de derechos ambientales y el compromiso de trabajar por el cumplimiento de la Agenda 2030. Sin embargo, también es cierto que queda mucho por trabajar en dicho tema y es necesario exigir al gobierno federal y gobiernos locales que elaboren protocolos para evitar la tragedia que estamos viviendo en la capital por los altos niveles de contaminación del aire.

Aunado a ello, es necesario ampliar la gama de derechos que, si bien está reconocido el derecho al medio ambiente, debemos desprender en nuestra legislación el significado del desarrollo sustentable y la importancia de garantizar un futuro para las generaciones venideras. Todo este trabajo, a mi humilde parecer, no debiera ser excluyente al resolver los problemas que requieren una mayor urgencia, tales como la violencia, la pobreza y la desigualdad.