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La educación en la 4T: la reforma y los libros

  • Foto del escritor: Somos MX
    Somos MX
  • 1 may 2019
  • 3 Min. de lectura

Por José Manzano (@Manzaano)



Una de las propuestas principales durante la campaña de López Obrador fue la promesa de cancelar la “mal llamada” reforma educativa y sustituirla por una que se realizara en conjunto con las bases magisteriales. Dicha propuesta le permitió entablar una alianza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organismo gremial disidente del Sindicato Nacional. Sin embargo, desde la presentación de la iniciativa de reforma, sectores de la CNTE como la Sección 22 (proveniente de Oaxaca) se manifestó en contra y el 20 de marzo bloqueó el ingreso a la Cámara de Diputados para evitar que los legisladores discutieran y votaran el dictamen. A pesar de los acuerdos para levantar los bloqueos en la Cámara, varios sectores de la CNTE mantienen una postura en contra del dictamen. No obstante, este 29 de abril, la reforma educativa de AMLO fue aprobada en comisiones y el 30 se votó en el Pleno del Senado de la República, solo para ser regresada a la Cámara de Diputados al no haber alcanzado la mayoría calificada.


Desde que se presentó la iniciativa, el gobierno federal y el Poder Legislativo realizaron una serie de foros para construir, en conjunto con maestros, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil, el dictamen que hoy fue aprobado por las Comisiones Unidas de Educación, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Como resultado, el 80% de las propuestas presentadas en estos foros fueron incluidas en el dictamen.


Entre las propuestas incluidas se encuentra el caso de la sustitución del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, el cual mantiene la mayor parte de las facultades del INEE y que continuará siendo un órgano descentralizado y autónomo. También se dio respuesta a demandas importantes de quienes se oponían a la reforma educativa de Peña Nieto, tal como la eliminación del Servicio Profesional Docente.

Lo cierto es que también hay avances importantes en la democratización de los sindicatos, tal como es la inclusión de la libertad sindical, que implica que éstos tengan autonomía para elegir a sus dirigentes, con la obligación de realizar elecciones libres, universales y secretas, lo que permitirá a cualquier miembro de un sindicato elegir a sus dirigentes sin que nadie se entere a quién apoyó. Curiosamente, este punto es uno de los que genera mayor crítica entre diversos sectores de la CNTE.


De igual manera, en la propuesta de texto constitucional, se incluyen nuevos conceptos como la integridad, la equidad en la impartición de la educación, la prevención de la discriminación, la diversidad lingüística, con principal enfoque en la educación de los pueblos originarios y la obligatoriedad por parte del Estado de impartir educación superior.


A pesar de la inclusión de diversos cambios, este dictamen no es uno completamente nuevo; se buscó generar consenso y por ello se incluyeron los elementos más destacables de la reforma pasada y se sustituyeron o eliminaron los más criticados. En este sentido, los sectores de la CNTE que actualmente se oponen argumentan que no es suficiente la eliminación del INEE y del Servicio Profesional Docente, en tanto no se entreguen automáticamente las plazas magisteriales a los egresados de las Escuelas Normales y no se ceda la decisión de las promociones laborales, los nombramientos e incrementos salariales a los maestros.


El gobierno, por su parte, se ha mantenido firme en pregonar la rectoría del Estado en la gestión de la educación. Si bien esto se aplaude, desgraciadamente la discusión pública se ha orientado más al actuar político y no al fondo de la reforma, pues ahí se encuentra su verdadero impacto, el cual no debemos perder de vista: la impartición de educación de calidad y garantizar su acceso universal.


En ese sentido, preocupa el retraso de más de cuatro meses en la asignación del proveedor de papel para la impresión de los libros de texto gratuitos. De nuevo, en esta situación se centró la discusión en una licitación que se realizó de manera legal. Por supuesto que es criticable el hecho de que quien preside la empresa que ganó la licitación, BIO Pappel, sea el compadre de AMLO, Miguel Rincón. Ante dichas críticas, el mismo presidente le compró la agenda a la oposición y, para evitar futuras críticas echó para abajo la licitación.


Más allá de que haya conflicto de interés, el punto importante a rescatar es que la conversación no se está enfocando en el retraso de los libros de texto gratuitos, pues se corre el riesgo de la distribución tardía de éstos una vez iniciado el siguiente ciclo escolar. La situación claramente es alarmante y quien pierde es la educación y los niños. Es necesario promover la discusión de temas de fondo y criticar este tipo de errores en vez de enfocar esfuerzos en el golpeteo político.

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